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Ley Que Regula El Cobro De Servicios Realizados Por La Iglesia?

Ley Que Regula El Cobro De Servicios Realizados Por La Iglesia
Reguló el cobro de los servicios realizados por la iglesia católica (como bautismos, entierros, etc.) para no afectar a la gente sin recursos. Quitó privilegios a los miembros de la iglesia y del ejército y estableció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

¿Qué Ley reguló el cobro de los servicios realizados por la Iglesia Católica?

De nombre oficial ‘ Ley de Obtenciones Parroquiales ‘, fue obra del entonces ministro de justicia, negocios eclesiásticos e instrucción pública, José María Iglesias, en la cual se buscaba regular el cobro de los servicios eclesiásticos que ofrecía la iglesia, conocidos como aranceles de derechos parroquiales los cuales

¿Qué Ley prohibió el cobro de servicios parroquiales?

La Ley Iglesias fue nombrada así por ser autoría de José María Iglesias: regulaba el cobro de derechos parroquiales, impidiendo que se exigieran a quienes no ganaran más de lo indispensable para vivir e imponía castigos a los miembros del clero que no la respetaran.

¿Quién paga el mantenimiento de la Iglesia?

La Iglesia decide y cobra, el Estado paga – Esto implica que es la Iglesia la que se encarga de cobrar entradas y decidir el uso que se da a dichos templos. De ahí la importancia de que no se sepa cuántos inmuebles han sido registrados a nombre de la Iglesia gracias a la famosa ‘Ley Aznar’. En lugares como la mezquita de Córdoba o la catedral de León, por poner dos ejemplos de patrimonio de la humanidad, es el obispo del lugar quien puede decidir quién entra y quién no, qué exposición o concierto puede darse, o si la construcción tiene o no seguro.

¿Quién fue el que separó la Iglesia del Estado?

Juárez, benemérito fundador del Estado laico

  • Nacido en el seno de una familia pobre de origen zapoteco en el pueblo de San Pablo Guelatao, Oaxaca, Benito Juárez García se convirtió en uno de los presidentes que logró instaurar una enorme cantidad de beneficios políticos en México; no solo eso, su trabajo y lucha se tradujeron en un legado que tiene como principal pilar la fundación del Estado mexicano tal como lo conocemos: laico, independiente y soberano.
  • La laicidad del Estado mexicano es uno de los más grandes compromisos y proyectos de Benito Juárez a lo largo de toda su vida política; así lo demostró en 1844 cuando luego de ser nombrado secretario de Gobierno en el gabinete del gobernador de Oaxaca, Juárez presentó su renuncia ante el intento de las autoridades de consignar a quienes se negaban a pagar el diezmo a la Iglesia.
  • Para Juárez la separación de la Iglesia y el Estado representó un proyecto que buscaba minar los privilegios desmedidos que poseía un sector limitado de la población en detrimento de uno más grande y de la autonomía del Estado, el cual velaba por intereses particulares resguardados por la Iglesia.

Tras la caída de Antonio López de Santa Anna con la Revolución de Ayutla y la llegada a la presidencia de Juan Álvarez, Benito Juárez fue nombrado ministro de Justicia, posición desde la que emitió la Ley Juárez, la cual limitaba el poder e influencia del clero en asuntos civiles. La diferencia radical de posiciones sobre este tema entre conservadores y liberales se agudizó con la promulgación de la Constitución de 1857 durante el gobierno de Ignacio Comonfort, época en la que Juárez se desempeñó como ministro de Gobierno y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  1. Este hecho dio inicio a una disputa engendrada por cuestiones religiosas que es conocida como la Guerra de Reforma o la Guerra de Tres Años.
  2. Tras el golpe de Estado, Juárez arribó en 1858 a la presidencia por ministerio de ley e hizo frente al gobierno paralelo encabezado por Félix Zuloaga, quien fue nombrado por los conservadores presidente interino a través del Plan de Tacubaya, apoyado por Ignacio Comonfort en busca de derogar la Constitución de 1857.
  3. Cerca de la culminación de la Guerra de Reforma y durante su presidencia posterior al conflicto, Juárez promulgó las denominadas Leyes de Reforma, un conjunto de decretos emitidos entre 1859 y 1863 que tuvieron como objetivo consumar el proceso de separación de la Iglesia y el Estado.
  4. Algunas fueron la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos (1859), Ley de Matrimonio Civil (1859), Ley Orgánica del Registro Civil (1859) y la L ey de Libertad de Cultos (1860).
  5. Con estas leyes se desamortizaron lo bienes de la Iglesia, se estableció el matrimonio como un contrato civil, el registro de las personas quedó a manos del gobierno y no de las iglesias, se puso fin a la intervención del clero en los cementerios, se prohibió la asistencia oficial a funciones religiosas, la religión católica dejó de ser la única permitida, se estableció la libertad de cada persona a profesar el culto de su elección, se secularizaron hospitales y establecimientos de beneficencia, y se decretó la exclaustración de monjas y frailes, entre otras acciones.
  6. El legado de Benito Juárez y su lucha por la constitución de un Estado independiente hacen que el Benemérito de las Américas sea considerado una de las figuras políticas más importantes de la historia de México y que su nombre sea en automático aludido a temas de laicidad.

: Juárez, benemérito fundador del Estado laico

¿Qué dice la Ley de Lerdo?

“Dos son los aspectos bajo los cuales debe considerarse la providencia que envuelve dicha ley para que pueda apreciarse debidamente: Primero, como una resolución que va a hacer desaparecer uno de los errores económicos que más han contribuido a mantener entre nosotros estacionaria la propiedad de impedir el desarrollo de las artes e industrias que de ella dependen; Segundo, como una medida indispensable para allanar el principal obstáculo que hasta hoy se ha presentado para el establecimiento de un sistema tributario, uniforme y arreglado a los principios de la ciencia, movilizando la propia raíz, que es la base natural de todo buen sistema de impuestos.” Miguel Lerdo de Tejada Ministro de Hacienda, político liberal mexicano La Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas fue aprobada y decretada el 25 de junio de 1856, durante el gobierno provisional de Ignacio Comonfort.

  1. Se le conoce mejor como Ley Lerdo, pues su promotor principal fue Miguel Lerdo de Tejada, quien era Ministro de Hacienda cuando la ley se promulgó.
  2. ¿Qué decretaba la Ley Lerdo? La venta a particulares de las propiedades rurales de la Iglesia católica y las corporaciones civiles, con el fin de fomentar la actividad económica, crear una clase media rural y obtener impuestos de la misma,

Formó parte de las Leyes de Reforma, las cuales fueron expedidas entre los años 1855 y 1861 por el sistema político liberal de México, que inició una reorganización del gobierno y la separación entre estado y la iglesia católica. La legislación liberal sobre desamortización tuvo como finalidad económica incentivar la pequeña propiedad privada, lo que significó, para algunos el poder adquirir a buen precio varias enormes posesiones que la Iglesia había acumulado al paso de los siglos, en especial durante el Virreinato pero por otro lado tuvo un objetivo de carácter socio-político: la secularización de la sociedad.

Desde entonces, el Estado asumió la función de legislar sobre la “cuestión religiosa”, en particular sobre el régimen patrimonial al que debían someterse los bienes eclesiásticos nacionalizados. El pensamiento liberal se guio por la necesidad de acotar el poder económico y político de la Iglesia con el objetivo de consolidar el poder del Estado: ningún poder superior ni al interior ni al exterior.

El principio fundante del ordenamiento jurídico mexicano fue la “independencia estatal frente a la Iglesia”. No eliminó a la personalidad jurídica de la Iglesia, como más tarde abrogaría el artículo 130 de la Constitución de 1917, pero recortó sus atribuciones y competencias.

En 1855 la corriente federalista estaba influenciada por los principios del derecho natural y las ideas de la Revolución francesa, entre ellos: la necesidad de que los miembros de un grupo social participaran en la forma en que habría de constituirse la nación; el individuo por encima de toda corporación social; la sumisión del Estado al derecho; y el imperativo de que todo se pactara y se estableciera en las leyes fundamentales con justicia.

Ignacio Comonfort subió a la presidencia el 11 de diciembre de 1855, y conformó un gabinete integrado por Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, Miguel Lerdo de Tejada y Benito Juárez. Este grupo de liberales se distinguió notablemente por su intensa actividad legislativa, cuyo resultado fue una serie de leyes de corte liberal político pero también económico,

Dentro de los conceptos básicos estuvo el de propiedad individua, expresión de las ideas del liberalismo imperante a finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX. Daba prioridad a la idea de plenitud de derechos y libre circulación del mercado, buscando regular los derechos de propiedad y privilegiando la posesión individual.

Cuando, conforme a los principios del Plan de Ayutla, se convocó a integrar un Congreso Extraordinario Constituyente para dar una nueva Constitución al país, entre quienes se integraron había hombres preocupados por la cuestión agraria, como Ponciano Arriaga, José María Castillo Velasco e Isidoro Olvera: abogaron por acabar con el acaparamiento de tierras, la concentración en manos improductivas, y el abuso, ocupándose además por la defensa de los indígenas, los más necesitados, y el fomento de la pequeña propiedad e impulsar el desarrollo agrícola.

  1. Sin embargo, los conflictos políticos entre conservadores y liberales, y la situación económica y social del país, impidieron la continuidad y aplicación práctica de la Constitución de 1857.
  2. Los conservadores la desconocieron, y por defenderla Benito Juárez y sus compañeros se fueron a la guerra.
  3. Uno de los mayores desacuerdos era, precisamente, cómo concebir la propiedad privada.
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No se podría mejorar la situación financiera mientras los bienes y tierras de corporaciones civiles y religiosas permanecieran estancadas, liberalizando la propiedad amortizada contribuirían a la secularización de la sociedad. Reducir las competencias del clero en materia educativa y eliminar su poder económico permitiría situar a la Iglesia y su influencia social dentro de las cuatro paredes del templo, como se decía entonces.

El mejor medio para lograrlo era arbitrar un programa de desamortización de bienes de las comunidades civiles y eclesiásticas no relacionadas estrictamente con el cumplimiento de su objetivo social. La Ley Lerdo no implicaba el desalojo y la expropiación, conciliaba de manera admirable los intereses del pueblo, del erario y del clero,

Su clave era limitar la capacidad patrimonial de la Iglesia, lo cual se confirmó en el artículo 27 de la Constitución Federal de 1857, donde se prohibió expresamente a las corporaciones religiosas adquirir o administrar bienes raíces, salvo los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución, Es una de las leyes liberales que configuraron un nuevo orden jurídico y social dentro del federalismo mexicano, afianzando una transformación en cuanto al derecho de propiedad se refiere.

  1. Muchas de las propiedades fueron subastadas a extranjeros y nacionales dando lugar a la formación de latifundios,
  2. Los reformistas sabían cuál sería la reacción a enfrentar.
  3. Los opositores utilizaron todo los medios para frustrar las reformas, presentándolas como algo diabólico y excitando al pueblo, sobre todo a las comunidades indígenas.

Los conservadores y la Iglesia católica recurrieron a cualquier subterfugio para tratar de eludir la ley. Las leyes de desamortización deseaban beneficiar a la mayoría de la población, y desamortización de los bienes de las comunidades significó un gran paso en el camino de la secularización de la sociedad mexicana facilitando el tránsito de México por el camino que lo conduciría a la modernidad,

  • Su intención fue limitar uno de los principales obstáculos para el desarrollo de una economía y gestar finanzas públicas sanas que sacaran al Erario Público de la eterna bancarrota.
  • Formó parte de un proyecto integral de transformación social, junto a las demás Leyes de Reforma: Ley Juárez (23 de noviembre de 1855), Ley Lerdo (25 de junio de 1856), Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos (12 de junio de 1859), Ley del Matrimonio Civil (23 de julio de 1859), Ley de Creación del Registro Civil (28 de agosto) y la Ley Sobre la Libertad de Cultos (4 de diciembre de 1859).

Todas igual de importantes para la secularización de la sociedad y la separación del Estado y la Iglesia, garantía para los derechos de las personas.

¿Qué fue la Reforma de México?

La Guerra de Reforma. Secretaría de la Defensa Nacional | 16 de julio de 2015 Ley Que Regula El Cobro De Servicios Realizados Por La Iglesia El periodo denominado Guerra de Reforma comenzó con los acontecimientos que provocaron la promulgación del Plan de Tacubaya y que consistieron en los intentos de los conservadores; quienes buscaban el mantenimiento de las tradiciones heredadas de los gobiernos monárquicos en estos territorios.

Situación que los llevó a intentar derogar la Constitución de 1857, para evitar que fueran suprimidos los privilegios del fuero militar y eclesiástico. Mientras que en la Ciudad de México se preparó una sublevación bajo el nombre del “Plan de Tacubaya”, para el que se reunió al 1/er. Batallón de Ingenieros, a las órdenes del Coronel Domingo Nava, el Batallón Ligero Activo de México, al mando del Coronel Marcos Esnaurrízar y dos Baterías de Artillería a las órdenes del Coronel Zeferino Rodríguez, con un aproximado de 1,200 elementos y al frente el General Félix Zuloaga.

El 17 de diciembre de 1857, se difundió en todas las calles de la Ciudad de México el Plan de Tacubaya con el que se abolía la Constitución de 1857, de manera que el General Ignacio Comonfort quedaría con las facultades del mando supremo, mientras Benito Juárez en funciones de presidente de la Cámara de Diputados fue llevado a prisión en el mismo palacio para efectuarse el cambio político.

En cuanto fue puesto en libertad Benito Juárez, partió a Guanajuato donde estableció su gobierno provisional y publicó un manifiesto con el que declaró el restablecimiento del gobierno constitucional de la República.Mientras que en la capital, la junta de representantes designó como presidente al General Félix Zuluaga, quien tomó posesión del cargo el 23 de enero, iniciándose con este evento las hostilidades entre el gobierno liberal que velaba por preservar la constitucionalidad y otro gobierno de corte conservador suscitó constantes enfrentamientos.Durante el primer año de la guerra entre conservadores y liberales, la balanza se inclinó del lado conservador, ya que los experimentados generales conservadores Miguel Miramón y Leonardo Márquez consiguieron numerosas victorias sobre las tropas liberales en los estados de San Luis Potosí, Colima, Guanajuato y Jalisco.Mientras que las tropas liberales comúnmente tenían líderes improvisados, se habían conformado por milicias que carecían de adiestramiento y pese a sus constantes derrotas, los comandantes profesionales comenzaron a pasar de un bando a otro, ocasionando paulatinamente que las tropas liberales tuvieran una mejor conducción en la guerra y con ello, el desequilibrio de las fuerzas conservadoras.

Además durante esta guerra, en varias ocasiones países extranjeros ejercieron influencia política tanto en favor del gobierno liberal como en el conservador. En el caso de los Estados Unidos de América el apoyo fue conforme a las pretensiones de firmar un tratado para asegurar, que les fuera concedida la soberanía de la Baja California y el tránsito comercial por Tehuantepec.

Un nuevo Ministro Robert McLane, llegó a Veracruz el 1 de abril de 1859 y para el día 6 de ese mes reconoció a nombre del gobierno estadounidense, la legalidad de la administración de Juárez. El 14 de diciembre de 1859 se firmó, en el Puerto de Veracruz, México, el Tratado McLane-Ocampo que formalmente fue conocido como el Tratado de Tránsito y Comercio.

Los firmantes fueron Robert McLane y Melchor Ocampo, como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno liberal de Benito Juárez, finalmente el arreglo fue conveniente a las políticas expansionistas de los Estados Unidos de América, e irremediablemente aceptado por la urgencia del dinero para financiar la guerra en contra de los conservadores.

Sin embargo, el acuerdo nunca fue ratificado por el Senado de los Estados Unidos América. Mientras los conservadores establecieron una alianza con España en el tratado firmado el 26 de septiembre de 1859 en Paris, por Juan.N. Almonte y Alejandro Mon, enviado de la Reina Isabel I, para que los conservadores recibieran un préstamo monetario, para avituallar a sus tropas y salir victoriosos de la guerra.

De manera que la guerra continuaba asolando al territorio nacional, al ser difundidas las llamadas Leyes de Reforma, que fueron basadas en la separación de los bienes de la Iglesia y el Estado, provocaron que se redujera la principal fuente de recursos que sostenía la guerra de los conservadores.

El 22 de diciembre de 1860, en las inmediaciones de San Miguel Calpulalpan, se libró la última batalla de la Guerra de Reforma, en la que los liberales resultaron victoriosos y comenzaron con la ocupación de la Ciudad de México, el General Jesús González Ortega como Jefe del Ejército (Constitucionalista de 1857), promulgó un decreto el 27 de diciembre para la disolución del Ejército permanente.

El 11 de enero de 1861, Benito Juárez hizo su entrada a la capital y posteriormente convocó a elecciones, convirtiéndose en Presidente Constitucional. Sin embargo, los conservadores inconformes por la derrota, buscaron nuevamente ayuda del extranjero para continuar con las hostilidades y al año siguiente dio inicio la Segunda Intervención Francesa.

¿Cuánto gana un pastor de la Iglesia?

¿Cuánto gana un Pastor? El sueldo nacional promedio de un Pastor es de MXN$17,930 en México.

¿Cómo se mantienen las parroquias?

EL DINERO QUE RECIBIMOS – Las parroquias se sostienen por las aportaciones de los fieles, que pueden hacerse mediante el “cestillo” de las misas, donativos puntuales, suscripciones, y por la llamada “x de la Iglesia” (aunque esto no es para las parroquias directamente, como se explica en el artículo anterior).

  1. El Estado no financia en sus presupuestos a la Iglesia, ni paga el sueldo de los curas (muchos aún lo creen).
  2. En una parroquia normalita, como la nuestra, sin un patrimonio cultural ni ningún otro “extra” que haya que subvencionar en pro de la sociedad, la economía depende casi exclusivamente de la aportación económica de los fieles y los sacerdotes.
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Pero no todas las “colectas” y “donativos” que se hacen en la parroquia son para la parroquia, pues muchas veces lo recaudado se destina íntegramente a alguna entidad o acción concreta, por eso los ingresos mensuales que tenemos no son regulares, ni dan para mucho.

Las colectas “de cestillo”, las que se hacen como ofrenda a la parroquia en la Eucaristía dominical, suelen ser cantidades muy escasas. Las valoramos mucho, evidentemente, y las exprimimos al máximo, pero son escasas: los céntimos abultan mucho, pero dan para muy poco. Seguro que cada uno da lo que puede, pero creemos que mucha gente puede hacer un poco más y no conformarse con deshacerse de las monedas pequeñas en misa.

Lo recibido, hasta el céntimo más pequeño, bien utilizado está. Muchísimas gracias por sostener esta casa -que es la vuestra- y sus iniciativas (aún hay muchas que están paradas por falta de recursos pero, poco a poco, vamos dando pasitos).

¿Quién es el propietario de las Iglesias en España?

La conservación de cada catedral en España depende de cada diócesis y en general es buena, según Conferencia Episcopal

“Habrá catedrales que inviertan mucho en su conservación y en la prevención y otras que no tienen medios, no es los mismo la catedral de Burgos, de Toledo o de Sevilla, que reciben visitantes y tienen esa fuente de ingresos que otras catedrales que no tienen el mismo apoyo turístico”, ha apostillado.Según la última memoria de la Conferencia Episcopal Española, las diócesis destinaron en 2016 un total de 71,1 millones de euros a 373 proyectos de construcción, conservación y rehabilitación.PLANES DE PREVENCIÓNDelclaux de Muller ha asegurado que las 96 catedrales de España, que son propiedad de la Iglesia católica, cuentan con planes de prevención, aunque ha precisado que su conservación depende en gran parte de la entrada que se cobra a los visitantes pues las aportaciones del Estado llegan “gota a gota”.

“¿Que tenemos ayudas del Estado? Por ley sí las tenemos, pero en la realidad llegan gota a gota. Normalmente, las catedrales se mantienen a base de musealizarse, de cobrar entrada; también de la X de la Iglesia (en la Declaración de la Renta) pero es una pequeña parte, es muy poco, no es suficiente.

Abrir una catedral son miles de euros al día, y es un drama pero, o es cobrando entrada o no hay forma de abrirla”, ha explicado Delclaux en declaraciones a Europa Press. Así lo ha indicado tras el devastador incendio que devoró este lunes 15 de abril la catedral de Notre Dame de París. Preguntado por cómo valora la conservación del patrimonio de la Iglesia en España, precisa que “en conjunto, bien”.

“Tenemos catedrales que llevan 700 años en pie y siguen en pie, eso sí, necesitamos financiación privada, pública y sobre todo de los visitantes, que tienen que comprender que hay que pagar una entrada, aunque no nos guste”, insiste. En España, las catedrales son propiedad de la Iglesia católica, a diferencia de Francia, donde, desde la Revolución Francesa, el propietario es el Estado.

  • Para Delclaux, el hecho de que cada diócesis sea propietaria de su catedral, es una ventaja.
  • Eso facilita la protección del patrimonio, que cada pequeño propietario esté pendiente de sus inmuebles”, precisa.
  • En cualquier caso, considera que sucesos como el incendio en la catedral parisina son “completamente fortuitos” y pueden ocurrir “en cualquier momento y en cualquier sitio” incluso aunque se tomen precauciones.

Si bien, reconoce que la prevención es fundamental. “Desde la Conferencia Episcopal hicimos un curso el año pasado sobre protección de patrimonio que incluía, sobre todo, la conservación preventiva que es bastante más económica, es más cara a posteriori”, explica.

Supone, según indica, estar pendiente del patrimonio, de los robos y otras posibles incidencias. Si bien, Delclaux se muestra convencido de que el “principal enemigo” del patrimonio histórico “no son las termitas, la humedad ni el sol sino el mismo hombre”. “Si analizamos el siglo XX en Europa fue devastador entre guerras y persecuciones religiosas.

En España, en el año 34 y en el 36 con la persecución religiosa, cantidad de edificios se quemaron y no hay vuelta atrás”, recuerda. Aunque las propietarias de las catedrales españolas sean las diócesis, el experto puntualiza que el artículo 46 de la Constitución Española establece que “los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad”.

En concreto, el experto de la Conferencia Episcopal cita un plan de catedrales y un plan de abadías pero asegura que “entra muy poquito dinero” de estos. Después, señala que cada comunidad autónoma es la que decide si quiere aportar a la conservación de la catedral en cuestión, a través de las comisiones mixtas de CCAA e Iglesia católica.

: La conservación de cada catedral en España depende de cada diócesis y en general es buena, según Conferencia Episcopal

¿Cuáles fueron las causas de la separacion de la Iglesia?

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.2.

  1. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.3.
  2. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.4.

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Artículo 18, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 La separación Iglesia-Estado es un concepto relacionado con la extensión de la libertad de cultos y que implica la organización política de un estado mantiene separadas los temas políticos de los religiosos, manteniendo cada uno sus esferas de influencia.

La separación Iglesia-Estado surge a partir del humanismo, durante el Renacimiento; se consolida con la Ilustración, por medio de la corriente filosófica racionalista, llegando a ser una política oficial durante la Revolución francesa, la Independencia estadounidense y las revoluciones burguesas que deshacen la alianza entre el trono y el altar,

En la actualidad, la separación entre la iglesia y el Estado se encuentra reflejada en la mayor parte de las constituciones nacionales, mediante el establecimiento de un estado laico. De hecho la tendencia en el mundo desde la edad moderna es hacia una secularización del Estado.

¿Quién separó la religión?

La separación Iglesia-Estado es el concepto legal y político por el cual las instituciones del Estado y religiosas (iglesias) se mantienen separadas y las iglesias no intervienen en los asuntos públicos ni el Estado en los asuntos de las iglesias; teniendo cada parte una autonomía para tratar los temas relacionados con sus esferas de influencia, siendo en la mayoría de las veces parte del proceso de secularización de una sociedad, o el surgimiento con fuerza de grupos religiosos que cuestionan una religión de Estado o iglesia oficial; en este último caso la separación Iglesia-Estado está relacionada con la extensión de la libertad de culto a todos los ciudadanos; y, se condiciona a partir de este derecho la relación entre el Estado y la Iglesia.

  • Ocurre sobre todo en aquellos Estados con religión de Estado u oficial que favorecen legal o informalmente una religión en detrimento de las demás por medio del patronato regio u otras acciones similares.
  • La separación entre Iglesia (sea esta anglicana, católica, luterana, presbiteriana, o cualquier tipo de culto religioso) y Estado es una idea que hunde sus orígenes en la doctrina de las dos espadas de finales del siglo V, enunciada por el papa Gelasio I, ​ y se manifestó más tarde en la lucha de la Iglesia católica en contra del cesaropapismo del Imperio Bizantino que produjo el cisma de oriente en 1053.
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La idea comienza a resurgir a partir del humanismo, durante el Renacimiento, Se consolida con la Ilustración, por medio de la corriente filosófica racionalista, llegando a ser una política oficial durante la Revolución francesa, la Independencia estadounidense y las revoluciones liberales que buscan deshacer la llamada “alianza entre el Trono y el Altar”.

  • Actualmente, la separación entre la Iglesia y el Estado se encuentra plasmada en muchas constituciones nacionales, mediante el establecimiento de un Estado laico, en unos casos, en otros mediante el establecimiento de un Estado aconfesional,
  • De hecho hubo una tendencia en el mundo desde la edad moderna hacia una secularización del Estado, la cual ha disminuido con el fortalecimiento iglesias protestantes, y sobre todo del Islam.

​ ​ ​ Debe entenderse que la separación Iglesia-Estado es un espectro religioso-gubernamental, en donde se encuentran diferentes grados o niveles de separación, siendo el ateísmo de Estado su forma más radical, y el Estado aconfesional la forma más suave de separación Iglesia-Estado; así mismo en las teocracias, contundentemente no existe separación Iglesia-Estado.

¿Qué es la ley natural Catholic Net?

La ley natural La defensa contra los atropellos de la ley Por: Rodrigo Martínez Murillo | Fuente: Virtudes y Valores Lo que antes era evidente, ahora no lo es tanto. ¿Se pueden casar con todos los derechos dos personas del mismo sexo? ¿Quién y por qué decide si una vida es digna de vivirse o no? ¿La madre puede disponer del ser que aún lleva en su vientre? Cuestiones que antes se veían claramente como buenas o malas, ahora la sociedad las pone en duda.

  1. Los valores basados en el humanismo cristiano se ponen entre paréntesis y lo obvio ya no lo es tanto.
  2. ¿Es suficiente apelar a lo que marca la ley, a lo que dice el 51% de los parlamentarios para que algo sea lícito o no? En un primer momento tenemos que aceptar que no toda ley, aunque sea legítimamente constituida, es ya de por sí buena.

Recordemos, como clásico ejemplo, que Hitler ascendió al poder de manera democrática, y no hay nadie en su justo juicio que apruebe las leyes de tal gobierno. Si aceptamos que la norma definitiva de nuestro actuar es la ley civil, haremos de la moralidad, de lo bueno y de lo lícito, un instrumento en manos del partido en turno o de grupos de poder económico e ideológico con pocos escrúpulos.

  1. Hay cosas que por su naturaleza son buenas o malas, y por lo tanto, inaceptables, aunque reciban el consenso de la mayoría.
  2. La Iglesia Católica, apoyándose en una rica tradición filosófica, cree encontrar este baluarte, fundamento de toda moral y legislación, por el que se puede discernir entre el bien y el mal por encima de las leyes civiles: la ley moral natural.

¿Qué es esta ley natural tan mencionada por los moralistas y anti-moralistas? Es el principio que «expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir, mediante la razón, lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira» (Catecismo de la Iglesia Católica, n.1954).

Cuando compramos un aparato, lo primero que hacemos es ver las instrucciones. De utilizar el aparato según las reglas que le puso el fabricante, depende su buen o mal funcionamiento. No nos funcionará una computadora de 220 V en una corriente de 110 V, y si conectamos un aparato en una corriente de voltaje superior a la marcada, seguramente lo quemaremos.

La ley natural es ese conjunto de “instrucciones de uso” que el Creador ha puesto en el hombre para su “buen funcionamiento”, con la peculiaridad de que el hombre, a diferencia de los artefactos y de los otros seres vivientes, puede conocer sus propias leyes.

Por su inteligencia es capaz de conocer la ley natural y de seguirla o no seguirla, aunque sabe que al no seguirla actúa erróneamente. La ley natural se nos manifiesta de modo inmediato, casi intuitivo. Por eso sentimos la inclinación, podríamos decir “quasi innata”, sin que nadie nos lo diga de hacer el bien y evitar el mal, de respetar la vida y los bienes de los demás, de cumplir los pactos contraidos, de decir la verdad, aunque a veces se sientan dificultades en percibirlo o haya que vencer nuestras inclinaciones al mal.

La ley natural no ha sido un invento de la Iglesia o un “dogma”. Es una de las muchas verdades accesibles a la razón del hombre de las que la Iglesia, maestra perenne de humanidad, se ha hecho portadora enriqueciéndola con la luz de la Revelación. Algunos paganos, tiempo antes de la venida de Cristo, dieron clarividentes intuiciones de la ley natural.

En “Antígona”, la famosa tragedia de Sófocles, el autor pone en boca de la protagonista la existencia de una “ley no escrita” (ágraphos nómos) por encima de las leyes escritas: «Tus prohibiciones, Creonte, no son tan fuertes para poder violar la ley no escrita, fijada por los dioses, aquellas que ninguno sabe cuando fueron establecidas porque no viven desde hoy o desde ayer, sino desde toda la eternidad» (Antígona, vv.563 ss).

Cicerón, el más grande orador romano, afirma: «Existe una ley verdadera, una razón recta, conforme a la naturaleza, presente en todos, invariable, eterna, tal que interpela a los hombres con sus mandatos a hacer su deber o a impedirles hacer el mal. Esta ley no es diversa en Roma o en Atenas.

No es diversa ahora o mañana. Es una ley inmutable y eterna cuyo único autor, intérprete y legislador es Dios.» (De republica III, 22, 33). En base a la distinción entre ley natural y ley civil o positiva podemos hacer la distinción entre legalidad y legitimidad. Legalidad es la conformidad con la ley escrita, aquella fijada por el poder político.

Legitimidad es la conformidad con la ley natural. Toda ley es legal por el hecho de ser emanada por la autoridad competente, pero no todas las leyes son legítimas o justas. Sólo la ley natural permite definir la legitimidad de una ley. Si una ley viola la ley natural, dice Santo Tomás de Aquino, no será más ley, sino corrupción de la ley «non erit lex, sed legis corruptio» (S.

Th. I-II, q.95, a.3). Pero si una ley escrita es conforme a la ley natural, obedecerla es un deber. El Santo Padre Benedicto XVI, desde que estaba al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, había visto la importancia de que las leyes civiles estuvieran fundamentadas en la ley natural, y había advertido las consecuencias de su olvido.

Llegó a identificar el conflicto ético presente con la crisis del reconocimiento de la ley natural. Por eso encomendó a la Comisión Teológica Internacional un estudio sobre este argumento, que ya está terminándose. El 12 de febrero de 2007, ante 200 participantes de un Congreso Internacional sobre el Derecho Natural organizado por la Pontificia Universidad Lateranense, Benedicto XVI volvió a remarcar la importancia de la ley natural para toda legislación como la expresión de esas «normas inderogables y obligatorias, que no dependen de la voluntad del legislador y tampoco del consenso que los Estados pueden darles, pues son normas anteriores a cualquier ley humana y, como tales, no admiten intervenciones de nadie para derogarlas».

El reconocimiento o negación de la ley natural tiene aplicaciones de vida o muerte. «La ley inscrita en la naturaleza es la verdadera garantía ofrecida a cada uno para poder vivir libre y respetado en su dignidad» añadió el Papa en el citado discurso. «La verdadera garantía», pero bien podemos decir la única garantía.

Si cayese la ley natural, caería el fundamento absoluto de la dignidad humana y toda ley sería mutable y relativa. Los derechos humanos dependerían de lo que dicte la mayoría de los votos. Sin el parapeto de la ley y el derecho natural, el hombre está a merced de lo que dicten personas poderosas, pero sin ningún escrúpulo de conciencia.

Entonces no hay ningún impedimento para hacer de las personas auténticos conejillos de Indias, para hacer de los embriones un banco de órganos, para llenar en poco tiempo los bolsillos de los abortistas, o para eliminar enfermos terminales y ancianos en los hospitales ahorrando un poco del erario público.

El Papa y la Iglesia no pueden dejar de proclamar la verdad sobre el hombre, y por lo tanto, sus derechos naturales como el derecho a la vida. Cada persona es única y tiene dignidad y valor absoluto por ser imagen y semejanza de Dios. Por esta enconada lucha, creyentes y no creyentes ven en la Iglesia la voz de los derechos humanos.

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